Algunas son más relevantes que otras pero todas se sucedieron bajo el cielo de CABA a través de las últimas semanas. Eligimos estas noticias que tienen que ver con el mundo porteño.
EL LAMENTABLE ESTADO de las veredas porteñas generó que la Legislatura sacara un paquete de leyes para regularizar la situación. Las empresas de servicios, las grandes responsables de las aperturas de aceras, ya no tendrán más “permiso de emergencia” para romperlas, con excepción de Aysa, Edenor, Edesur y Metrogas. Las restantes empresas -incluso las telefónicas- deberán notificar dentro de las dos horas de producida la rotura. Para la división de Espacio Público, esto se da porque a pesar de que las empresas le otorgan carácter de emergencia de la rotura, en realidad las urgencias no son tales, y porque además no existe coordinación entre ellas, lo que a veces da como resultado que vuelvan a hacer pozos en veredas recientemente arregladas.
En el cotexto del nuevo regimen de multas y controles, la Legislatura ordenó que los frentistas denuncien las aperturas de aceras, que son aproximadamente 800 por día, indicó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
HASTA HACE POCO la línea 34 unía Liniers con Figueroa Alcorta y La Pampa. Su trayecto es muy conocido por los porteños en general, dado que gran parte de él tiene lugar sobre Juan B. Justo, prácticamente desde el comienzo hasta el final de esta avenida ahora surcada por el Metrobús.
Pero una de las cabeceras yo no está en los bosques de Palermo sino en Ciudad Universitaria, distante unas 20 cuadras del sitio original. Hacia allí fue prolongado el servicio en función de un pedido presentado en marzo por la empresa que lo opera.
La Secretaría de Transporte se mostró a favor y seis meses después, finiquitadas las cuestiones burocráticas, se estrenó la extensión del recorrido, que ahora penetra en la ciudad estudiantil al igual que las líneas 28, 33, 37, 42, 45, 57, 107, 152 y 160.
LA OBLIGATORIEDAD DEL CHALECO para motociclistas y acompañantes es un ley que rige desde mitad de 2017. Su falta de utilización es una de las causas por las cuales gran cantidad de motos fueron secuestradas entre septiembre y noviembre. Esta cifra asciende a 695 rodados en el ámbito capitalino, según datos de las autoridades policiales. Sin embargo, hay numerosos motivos más en la lista de infractores: falta de casco, de espejos, de escapes reglamentarios; irregularidades en las patentes (falsificadas, tapadas, ilegibles) y en la documentación (licencias, cédula verde, seguro); y conducción de menores.
Los depósitos de la Policía de la Ciudad, fueron el destino de estas motos, que, en la mayoría de los casos, ha sido compactadas debido a que sus propietarios no reclamaron su devolución. Este procedimiento se efectúa en el marco de un programa implementado a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
