La defensa de la propiedad privada y la garantía de servicios esenciales frente a conflictos gremiales fueron presentadas por el Gobierno porteño como dos acciones que responden a una misma línea de gestión. En ambos casos, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, utilizó en su cuenta de la red social X la consigna “Ley y orden” para respaldar decisiones recientes de la administración local.

Por un lado –según informó el GCBA-, la administración porteña anunció que apelará la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo, que impide continuar con determinados procedimientos vinculados a la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente. También por intermedio de buenosaires.gob.ar, el Gobierno porteño señaló que se oficializó un decreto que obliga a garantizar niveles mínimos de funcionamiento en el transporte público y la recolección de residuos durante huelgas o medidas de fuerza sindicales.

La disputa judicial por las propiedades ocupadas

El Gobierno de la Ciudad confirmó que recurrirá la resolución del magistrado Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien dispuso restricciones a los desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas cuando existan situaciones de riesgo edilicio.

La cautelar establece que estas intervenciones no podrán concretarse sin asegurar previamente determinadas garantías de carácter técnico, social y habitacional para quienes se encuentren ocupando los inmuebles. Según informó la Ciudad, desde la asunción de Jorge Macri se recuperaron más de 840 propiedades. La gestión sostiene que continuará desarrollando este tipo de operativos pese a la resolución judicial.

En estas acciones participan distintas áreas estatales. La Policía de la Ciudad interviene en materia de seguridad; la Guardia de Auxilio verifica las condiciones estructurales de los inmuebles; mientras que la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes evalúan las situaciones sociales y habitacionales de los ocupantes.

La decisión judicial fue adoptada en el expediente «De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA sobre Amparo – Habitacionales» (106128/2026-0). De acuerdo con la información oficial, el proceso se inició tras el tapiado de una propiedad ubicada sobre la avenida Montes de Oca al 1700 y posteriormente adquirió carácter colectivo a partir de presentaciones realizadas por la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad y por los legisladores Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra.

El Gobierno porteño recordó además un episodio ocurrido en abril en Villa Mitre, cuando se concretó la recuperación de cinco PH ubicados en San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097. Según la información difundida, las viviendas permanecían ocupadas desde 2000 y durante el procedimiento fueron detenidas cuatro personas. Las propiedades fueron restituidas a su propietario.

En aquel operativo se hizo presente el legislador Salvatierra. La Ciudad señaló que existieron diferencias entre el dirigente y el jefe de Gobierno respecto de la intervención. También indicó que quien encabezaba la ocupación era Diego Molina, condenado en 2021 por el delito de profanación de cadáver humano y difusión de imágenes íntimas.

La recuperación de esos inmuebles representó el desalojo número 700 de la actual administración. Desde entonces, siempre según datos oficiales, se sumaron otras 140 propiedades recuperadas.

Servicios mínimos obligatorios durante paros

El Ejecutivo porteño avanzó con una normativa destinada a asegurar prestaciones básicas durante conflictos gremiales. Mediante un decreto firmado por Jorge Macri, la Ciudad dispuso que determinados servicios deberán mantener entre el 50% y el 75% de su funcionamiento habitual cuando se desarrollen medidas de fuerza.

La iniciativa se apoya en las modificaciones introducidas por la Ley Nacional de Modernización Laboral 27.802, que redefine qué actividades son consideradas esenciales y cuáles poseen importancia trascendental, estableciendo porcentajes mínimos de funcionamiento para evitar interrupciones totales.

Dentro de la categoría de servicios esenciales quedó incluida la recolección de residuos. Por esa razón, las empresas prestatarias deberán garantizar una cobertura mínima equivalente al 75% de la actividad habitual.

En tanto, el transporte público de pasajeros fue catalogado como una actividad de importancia trascendental. Esto comprende a los subtes, el Premetro y las líneas de colectivos cuya regulación y fiscalización corresponden exclusivamente al Gobierno de la Ciudad. En estos casos deberá mantenerse al menos el 50% de la prestación durante una huelga.

La exigencia alcanzará individualmente a cada línea de subterráneo, Premetro y colectivos bajo jurisdicción porteña.

Para implementar el esquema, el decreto instruyó a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a coordinar con Emova Movilidad S.A. los mecanismos operativos necesarios para garantizar la circulación de formaciones durante eventuales conflictos.

Asimismo, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad recibió la instrucción de convocar a las partes involucradas y arbitrar los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento efectivo de los porcentajes fijados.

La normativa lleva las firmas del jefe de Gobierno y de los ministros Pablo Bereciartua, titular de Movilidad e Infraestructura; Gabino Tapia, responsable de Justicia; y del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Foto: el titular que el alcalde de CABA subió a su cuenta de X (@jorgemacri).