La política social en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un cambio importante: el Gobierno porteño dispuso la eliminación de los planes sociales vigentes y su reemplazo por un programa enfocado en la capacitación y la inserción laboral formal. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y apunta a modificar el enfoque asistencial hacia uno basado en el empleo y la autonomía económica.

El nuevo esquema alcanzará a unas 5 mil personas y contempla un período de transición de un año hasta la finalización definitiva del sistema actual, informó buenosaires.gob.ar. Durante ese proceso, se revisaron los padrones existentes y se detectaron 1.274 beneficiarios irregulares. El sistema previo demandaba cerca de 10 mil millones de pesos anuales y estaba conformado por 85 convenios, que serán dados de baja.

De acuerdo al comunicado oficial, uno de los ejes centrales de la iniciativa es la eliminación de intermediarios: los pagos pasarán a realizarse de forma directa a los beneficiarios, con el objetivo de mejorar la transparencia y el control. A su vez, se fijarán criterios específicos de permanencia, vinculados a la residencia, la situación socioeconómica y el nivel de ingresos de cada persona.

El programa estará estructurado sobre la base de la formación educativa y laboral, el desarrollo de tareas con impacto concreto y la articulación con el sector privado. En este sentido, se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, compañías y universidades para facilitar prácticas formativas y oportunidades de empleo. Entre las firmas involucradas se encuentran empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento.

La capacitación será obligatoria para quienes reciban la asistencia. Los beneficiarios deberán avanzar en su educación, cuando corresponda, y cumplir con determinados estándares de desempeño. En caso de no cumplir con estas condiciones dentro del plazo establecido, perderán el beneficio.

El GCBA agregó que el sistema se organiza en torno a cuatro pilares: la formación obligatoria, una duración máxima de doce meses como puente hacia la inserción laboral, la vinculación con el sector privado para generar oportunidades concretas de empleo y la implementación de criterios de elegibilidad claros que aseguren que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

La administración porteña también avanzó en mecanismos de control en otras áreas de asistencia, como los comedores comunitarios. A través de una aplicación que registra el DNI de cada beneficiario, se detectaron más de 5 mil raciones irregulares, así como casos de personas fallecidas o con patrimonio significativo que figuraban como beneficiarias, indicó el comunicado. Y añadió que como resultado de estas auditorías, fueron cerrados 40 comedores.

Según se indicó oficialmente, el objetivo de esta transformación es dejar atrás dos décadas de políticas asistenciales que no lograron mejorar de manera sostenida las condiciones de vida ni garantizar que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban. El nuevo enfoque busca priorizar el trabajo, la capacitación y la posibilidad de construir un proyecto de vida con mayor independencia.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri.

“Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”, afirmó, por su parte, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida.

Foto: GCBA.