A dos semanas de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dispusiera un refuerzo de los controles sobre los comercios dedicados a la compra, venta y reparación de teléfonos celulares, la Ciudad informó que ya fueron clausurados 112 establecimientos. Además, cinco personas fueron detenidas durante los procedimientos y se incautaron teléfonos, repuestos y elementos utilizados para tareas de reparación.

La información surgida a partir de un comunicado difundido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su página web buenosaires.gob.ar, indicó que el objetivo de las inspecciones es desarticular el circuito mediante el cual equipos sustraídos son incorporados nuevamente al mercado, ya sea como teléfonos usados o luego de ser desarmados para comercializar sus componentes.

La estrategia comenzó con un decreto que estableció la emergencia transitoria para la actividad. Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la creación de un registro para quienes se dedican a reparar o vender celulares usados, junto con una ampliación de las tareas de fiscalización. También se suspendieron habilitaciones en sectores identificados como especialmente sensibles: Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.

Los procedimientos en Once

Uno de los principales focos de los controles se encuentra en Once, donde existe una importante concentración de locales dedicados a la reparación y comercialización de teléfonos usados. Según el comunicado oficial, en algunos casos los responsables no pudieron acreditar el origen de los aparatos que tenían en su poder. Los primeros procedimientos fueron realizados conjuntamente por inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y efectivos de la Policía de la Ciudad. Las inspecciones alcanzaron establecimientos ubicados en avenida Corrientes al 2100, Junín al 3003, la Galería La Juanita de avenida Pueyrredón 9, la Galería La Internacional de Corrientes 2330 y la galería comercial La Recova, situada en Azcuénaga y Pueyrredón.

En este último lugar fue clausurado el local 47, donde los agentes secuestraron 22 teléfonos celulares, 79 módulos y herramientas destinadas a trabajos de soldadura. Entre los equipos encontrados había dispositivos de las marcas iPhone, Motorola y Samsung. De acuerdo con el Gobierno porteño, algunos contaban con denuncias de robo vigentes ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mientras que en otros casos los comerciantes no lograron justificar de qué manera habían adquirido los aparatos.

Los dichos de Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó a quienes participan del circuito de comercialización de teléfonos sustraídos y sostuvo que la Ciudad profundizará las medidas contra este tipo de actividad. “Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad”, expresó el mandatario. En otra de sus declaraciones, Macri afirmó que quienes adquieren teléfonos robados con la intención de desarmarlos y comercializar sus piezas no pueden ser considerados comerciantes, sino integrantes de una estructura delictiva. En ese sentido, señaló que la emergencia declarada para la actividad permitirá aplicar controles y sanciones con mayor intensidad.

Una política de mayor fiscalización

El Gobierno porteño vinculó estos procedimientos con una política de seguridad que, según sus propias cifras, viene implementándose desde diciembre de 2023. El comunicado sostiene que las medidas adoptadas durante ese período permitieron reducir los niveles de robos y homicidios hasta mínimos históricos. Dentro de esa misma línea de acción, la administración de Jorge Macri también señaló que recuperó más de 940 propiedades que habían sido usurpadas y que posteriormente fueron restituidas a sus propietarios. El valor conjunto de esos inmuebles, de acuerdo con la información oficial, rondaría los 500 millones de dólares. El Ejecutivo porteño indicó, además, que mantiene operativos destinados a detectar construcciones ilegales tanto en distintos barrios como en villas, entre ellas la Villa 31 y La Carbonilla. A esto se suman los controles policiales en los accesos y límites jurisdiccionales, orientados a impedir el ingreso o la fuga hacia la provincia de Buenos Aires de personas vinculadas con hechos delictivos.

Foto: el procedimiento en uno de los locales de venta de celulares (buenosaires.gob.ar).