La Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró una reunión de trabajo para analizar una propuesta que busca introducir cambios en la Ley 2.681. El encuentro fue conducido por el legislador Sergio Siciliano, presidente de la comisión, acompañado por las diputadas María Bielli y Marina Kienast en sus cargos de vicepresidentas.

La iniciativa en cuestión fue presentada por la diputada María Graciela Ocaña junto con representantes de diversos bloques parlamentarios. Su finalidad principal es regular de manera más precisa la asignación de vacantes y el sistema de inscripciones en establecimientos educativos de gestión privada que están incorporados a la enseñanza oficial. Según el texto de fundamentación, se pretende avanzar en “mecanismos que aseguren mayor equidad, transparencia y protección de derechos en el ingreso a la educación”.

Entre los aspectos destacados del proyecto se encuentra la prohibición de rechazar solicitudes de inscripción o reinscripción de manera arbitraria. Para ello se establece que los colegios solo podrán fundamentar una negativa bajo la figura de “justa causa”, siempre y cuando dicha argumentación no entre en contradicción con derechos previstos por la Constitución Nacional, la de la Ciudad y distintos tratados internacionales que amparan especialmente a la niñez y a las personas con discapacidad.

Mediante un comunicado de la Legislatura, se difundieron estas novedades. Y de acuerdo al mismo, también se prevé la creación de un Registro Público de Vacantes, cuya confección y publicación quedará en manos del Ministerio de Educación. Allí deberá informarse, de manera clara, la disponibilidad de vacantes por curso y establecimiento, con el fin de brindar mayor transparencia a las familias interesadas.

La reunión contó con la participación de representantes de instituciones educativas, especialistas en derecho, organizaciones sociales y familias. Se escucharon las voces de referentes como Agostina Quiroz (ACIJ), Paulo Morales (Tea Activa), Gustavo Moreno (Asesor Tutelar del Ministerio Público Tutelar), el doctor La Greca (Academia Nacional de Educación), Silvina Lannicelli (Disfam), Gerardo Suárez y Juan Navarro Floria (Faera), el doctor Norberto Baloira (Coordiep), Jorgha García Domínguez (FEDUTEC), Genoveva Ferrero (Poder Judicial), además de madres y padres que compartieron experiencias personales.

Durante el debate –añadió el informe-, se expusieron distintos puntos de vista respecto a la tensión entre la autonomía de los colegios privados y las obligaciones del sistema educativo en materia de inclusión. Algunos especialistas enfatizaron la importancia de resguardar la libertad de gestión de las instituciones, mientras que organizaciones de la sociedad civil y familias advirtieron sobre las dificultades prácticas que surgen cuando un niño con TEA, dislexia u otras condiciones es rechazado sin recibir una explicación clara ni por escrito. Estos participantes remarcaron que la falta de constancia documental limita la posibilidad de reclamar y que la ausencia de datos oficiales sobre vacantes incrementa la sensación de incertidumbre y exclusión.

El encuentro permitió reunir aportes y experiencias diversas que serán insumo para continuar con el trabajo parlamentario. Desde la presidencia de la comisión, el diputado Siciliano adelantó que se prevé una nueva convocatoria en el corto plazo, con el propósito de continuar con el intercambio y acercar posiciones para perfeccionar el proyecto en discusión.

Foto: la reunión en el Palacio legislativo porteño (legislatura.gob.ar).